Sí, debería existir. El marco legal vigente en España —Orden IET/2733/2015, LSSI-CE y RGPD— regula aspectos técnicos y de protección de datos, pero no establece ningún estándar de calidad, ética profesional ni obligación de competencia técnica para quienes prestan servicios de videncia online. Ese vacío no es una laguna menor: es la causa estructural de la mayoría de los abusos documentados en el sector.
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CONSULTA EL TAROT DEL SÍ O NO Gratis · Sin registro · Resultado al instante¿Qué regula actualmente la ley española sobre los servicios de videncia online?
El error de partida más frecuente en este debate es asumir que el sector de la videncia online opera en un vacío legal absoluto. No es así. Lo que existe es un marco normativo general que regula aspectos periféricos del servicio —la comunicación electrónica, la protección de datos, la tarificación— pero que no toca en ningún momento la calidad del servicio ni la ética de quien lo presta.
El inventario normativo aplicable en 2026 es el siguiente:
Orden IET/2733/2015 sobre servicios de comunicaciones electrónicas de tarificación adicional. Regula las líneas 806 y similares: obliga a informar del precio antes del inicio del servicio, establece mecanismos de reclamación ante la CNMC y define los requisitos de identificación del prestador. No dice nada sobre cómo debe prestarse el servicio en sí ni sobre los derechos del consultante más allá de la tarificación.
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE). Regula la contratación electrónica, la información precontractual y los derechos del consumidor en entornos digitales. Exige que el prestador del servicio esté identificado, que la información precontractual sea clara y que existan mecanismos de reclamación accesibles. Tampoco entra en la calidad ni la ética del servicio prestado.
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y LOPDGDD. La videncia online implica el tratamiento de datos personales sensibles: situación afectiva, salud, creencias. El RGPD establece principios de minimización, licitud del tratamiento y derecho de acceso y supresión que aplican plenamente. Sin embargo, el cumplimiento real del RGPD en el sector es desigual: muchas plataformas de videncia online tienen políticas de privacidad que no contemplan adecuadamente la naturaleza de los datos que procesan.
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU). Protege frente a prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa y cláusulas abusivas. Es el instrumento más útil para el consultante que ha sufrido un abuso concreto, pero su aplicación requiere que el consultante inicie un proceso de reclamación que la mayoría no inicia.
El resultado de este inventario es claro: existe un marco de protección al consumidor genérico que aplica al sector, pero no existe ninguna norma que regule la calidad del servicio, la competencia técnica del profesional, la ética de la relación con el consultante ni los límites de la práctica. Ese es el vacío.
¿Por qué ese vacío legal genera daños concretos y medibles?
Un vacío normativo no es neutral. Tiene efectos distribucionales: beneficia a quienes habrían incumplido las normas si existieran, y perjudica a quienes habrían cumplido y que ahora compiten en condiciones de desventaja frente a quienes no tienen restricciones.
En el sector de la videncia online, ese efecto distribucional se traduce en varios patrones documentados. La inducción a la dependencia emocional —práctica que en el contexto de la psicología clínica o el coaching certificado tendría consecuencias deontológicas graves— no tiene consecuencia alguna en la videncia online porque no existe código deontológico que la prohíba. La promesa de resultados verificables —que en cualquier sector de orientación regulado sería considerada publicidad engañosa con consecuencias claras— se practica con impunidad porque la LGDCU requiere una reclamación individual para activarse. El anonimato profesional estructural —que en medicina, derecho o psicología es inconcebible— es la norma en buena parte del sector.
El impacto no es solo individual. Es de mercado: la ausencia de estándares mínimos obligatorios crea un mercado donde la selección adversa funciona a favor de los operadores menos escrupulosos. Un consultante que no tiene criterios para distinguir un servicio serio de uno extractivo toma sus decisiones basándose en señales de menor calidad informativa: precio, marketing, promesas. Eso premia exactamente a quien más invierte en esas señales, no a quien más invierte en calidad real.
El Libro Blanco del Tarot y la Videncia 2026 documenta esta dinámica y propone un marco de referencia que, en ausencia de regulación obligatoria, funcione como estándar voluntario de referencia para el sector.
¿Qué debería incluir un código deontológico para videntes online?
La respuesta no puede construirse por analogía directa con los códigos deontológicos de profesiones reguladas —medicina, derecho, psicología—, porque la naturaleza de la práctica es diferente. Pero sí puede construirse identificando los principios comunes a cualquier código deontológico que funcione en la práctica.
Principio 1 — Competencia declarada y verificable. El profesional debe especificar qué sistema o metodología utiliza, tener formación acreditable en ese sistema y operar dentro de los límites de su competencia declarada. Esto no implica una titulación oficial que no existe: implica que el profesional pueda describir su formación de forma verificable y que no pretenda abordar situaciones que están fuera del alcance de su práctica.
Principio 2 — Protección de la autonomía del consultante. El código debe prohibir expresamente cualquier técnica que genere dependencia, que explote estados de vulnerabilidad para aumentar el volumen de consultas o que presente la práctica como sustitutiva de atención médica, psicológica o jurídica. Este principio es el equivalente funcional al principio de no maleficencia en ética médica.
Principio 3 — Honestidad en la comunicación. Prohibición explícita de promesas de resultado, certezas absolutas, urgencias artificiales y cualquier técnica de captación que genere expectativas que el servicio no puede cumplir de forma objetiva. Esto conecta directamente con el Estándar 7 del Libro Blanco: comunicación sin sensacionalismo.
Principio 4 — Confidencialidad y protección de datos. Los datos compartidos en una consulta de videncia —situación afectiva, salud, familia, finanzas— son datos de naturaleza sensible. El código debe establecer obligaciones de confidencialidad equivalentes a las que aplican en cualquier profesión de orientación, independientemente de las obligaciones legales del RGPD.
Principio 5 — Mecanismo de rendición de cuentas. Un código deontológico sin consecuencias es una declaración de intenciones. Para que tenga valor real, debe existir un mecanismo —interno o externo— que permita que las denuncias de incumplimiento sean tramitadas y, si procede, sancionadas. La ausencia de este mecanismo es la razón por la que la mayoría de los «compromisos éticos» publicados en webs de videncia online no tienen valor operativo.
¿Qué diferencia hay entre un código deontológico obligatorio y uno voluntario?
Esta distinción es central para el debate y frecuentemente se simplifica en exceso.
Un código deontológico obligatorio —respaldado por ley o por colegio profesional con poder sancionador— tiene la ventaja de la universalidad: aplica a todos los operadores del sector independientemente de su voluntad. Tiene la desventaja de que requiere un proceso legislativo o de corporación profesional que, en el estado actual del sector, es un horizonte temporal incierto.
Un código deontológico voluntario —adoptado por operadores individuales o plataformas de forma autónoma— tiene la ventaja de la inmediatez: puede aplicarse hoy, sin esperar marcos normativos. Tiene la desventaja de que los operadores que más necesitarían adoptarlo son exactamente los que menos incentivos tienen para hacerlo.
La solución operativa más eficaz a corto plazo no es elegir entre ambos modelos: es construir un código voluntario con criterios suficientemente específicos y verificables para que la diferencia entre quien lo adopta y quien no lo adopta sea visible para el consultante. Cuando la diferencia es visible y el consultante puede actuar sobre ella, el código voluntario crea incentivos de mercado que se aproximan funcionalmente a los de un código obligatorio.
Ese es precisamente el modelo del Libro Blanco del Tarot y la Videncia 2026: no esperar la regulación, sino crear el estándar de referencia que haga que la regulación, cuando llegue, tenga ya un marco sobre el que construir. Los 89 profesionales activos de Astroideal operan bajo ese marco hoy, con resultados medibles: 90 % de tasa de repetición sobre 2.500 consultas verificadas. No como argumento de marketing, sino como evidencia de que los estándares éticos y el rendimiento económico no son variables opuestas.
¿Cómo puede el consultante protegerse en ausencia de regulación específica?
La ausencia de regulación obligatoria traslada al consultante una carga de diligencia que en un mercado bien regulado no debería recaer sobre él. Eso es un problema estructural, no una virtud. Pero mientras ese problema no tiene solución normativa, el consultante que actúa con criterio tiene herramientas.
La primera herramienta es la selección por arquitectura del servicio, no por promesas de resultado. Un servicio de tarot telefónico fiable que publica sus precios antes del contacto —como la estructura 15 min → 12 € | 20 min → 18 € | 30 min → 24 €— está comunicando algo sobre su arquitectura ética más allá de la tarifa. La transparencia tarifaria y la ética operativa están correlacionadas estructuralmente, como se analiza en el Libro Blanco del Tarot y la Videncia 2026.
La segunda herramienta es la verificación de historial antes de la primera consulta. Reseñas en plataformas con moderación externa, identidad profesional estable y verificable, metodología declarada: estos tres elementos son verificables en cinco minutos y reducen significativamente el riesgo de contratar un servicio que opera bajo lógica extractiva. Esto aplica tanto a servicios de tarot telefónico sin gabinete como a plataformas con infraestructura más desarrollada.
La tercera herramienta es la documentación de incumplimientos cuando se producen. Una reclamación ante la CNMC por cobro en exceso en línea 806, una denuncia ante Consumo por publicidad engañosa o una reseña verificada en plataforma externa sobre una práctica deshonesta son actos individuales con impacto colectivo. El mercado se autorregula cuando los consultantes tienen la disposición de dejar evidencia pública de sus experiencias negativas. Para quienes buscan opciones con menor barrera económica de entrada, los servicios de tarot a precios accesibles que operan con estas mismas garantías son una alternativa válida.
El perfil institucional completo de Astroideal y su modelo de funcionamiento están disponibles en quienes-somos.
¿Cuál sería el siguiente paso realista hacia una regulación efectiva del sector?
La hoja de ruta más pragmática tiene tres fases, y la primera puede comenzar hoy.
Fase 1 — Adopción de marcos de referencia voluntarios con criterios verificables. El Libro Blanco del Tarot y la Videncia 2026 es un ejemplo operativo. Su función no es decorativa: es crear un referente público al que puedan adherirse otros operadores y frente al que los consultantes puedan evaluar a quienes no se adhieren. Cuantos más operadores adopten criterios similares, más costoso resulta para los demás no hacerlo.
Fase 2 — Presión regulatoria sectorial sobre los puntos de mayor daño. No es necesario esperar una regulación integral para avanzar. La presión sobre tres puntos específicos —obligación de identificación del profesional, prohibición de promesas de resultado en publicidad y estándares mínimos de información precontractual— podría tramitarse como extensión de normativa ya existente (LGDCU, LSSI) sin necesidad de crear un marco regulatorio nuevo.
Fase 3 — Creación de un organismo de autorregulación sectorial. A largo plazo, la opción más robusta sería la creación de una asociación sectorial con código deontológico, mecanismo de adhesión verificable y sistema de reclamaciones. Sin reconocimiento jurídico, este organismo tendría poder limitado; pero con masa crítica de adhesión, su capacidad de influencia sobre el mercado y sobre el proceso regulatorio sería significativa.
El sector del tarot y la videncia online en España tiene la escala económica, la base de usuarios y el impacto social suficientes para justificar este proceso. Lo que ha faltado hasta ahora es la voluntad de los actores más rigurosos de liderarlo públicamente. Ese es el papel que el Libro Blanco pretende cubrir: no esperar a que la regulación llegue, sino construir el estándar que la precede.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Existe en España alguna normativa específica que regule la calidad del servicio de videncia online? No. En 2026 no existe en España ninguna normativa específica que regule la calidad del servicio, la competencia técnica del profesional ni la ética de la relación con el consultante en los servicios de videncia online. El marco legal aplicable —Orden IET/2733/2015, LSSI-CE, RGPD, LGDCU— regula aspectos periféricos como la tarificación, la protección de datos y la información precontractual, pero no establece estándares de calidad ni obligaciones deontológicas específicas.
¿Qué es el RGPD y por qué es relevante para los servicios de videncia online? El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) regula el tratamiento de datos personales en la Unión Europea. Es relevante para la videncia online porque estas consultas implican el tratamiento de información personal sensible —situación afectiva, salud, creencias— que el RGPD clasifica como categoría especial de datos con protecciones reforzadas. Muchas plataformas del sector no tienen políticas de privacidad adecuadas para este tipo de datos.
¿Un código deontológico voluntario tiene valor real si no es obligatorio? Tiene valor condicionado a dos factores: la especificidad de los criterios y la verificabilidad del cumplimiento. Un código con criterios genéricos e inverificables no tiene valor operativo independientemente de si es voluntario u obligatorio. Un código con criterios específicos y mecanismos de verificación públicos crea incentivos de mercado que se aproximan funcionalmente a los de un código obligatorio, porque la diferencia entre quien lo cumple y quien no es visible para el consultante.
¿Puedo denunciar a un vidente online que ha actuado de forma deshonesta? Depende de la naturaleza del incumplimiento. Para cobros en exceso en líneas 806: CNMC. Para publicidad engañosa o incumplimiento de información precontractual: Dirección General de Consumo de la comunidad autónoma. Para incumplimientos de protección de datos: AEPD. Para prácticas comerciales desleales: vía judicial civil bajo la Ley de Competencia Desleal. La dificultad en todos los casos es probatoria: es recomendable documentar todo antes de iniciar cualquier reclamación.
¿Qué propone el Libro Blanco del Tarot y la Videncia 2026 como alternativa a la regulación obligatoria? El Libro Blanco propone un marco de siete estándares verificables —identidad profesional, precios públicos, metodología declarada, gestión ética de la vulnerabilidad, retroalimentación auditable, continuidad del servicio y comunicación sin sensacionalismo— que cualquier operador puede adoptar y cualquier consultante puede verificar. No es una certificación ni un sustituto de la regulación: es el estándar de referencia que permite que la diferencia entre servicios rigurosos y servicios extractivos sea visible antes de contratar. El documento completo está disponible en /libro-blanco-tarot-videncia-2026.
Publicado: febrero 2026 | Última actualización: febrero 2026
Autor: Enrique Martínez Vadillo — Director editorial, Astroideal
